Coordinado por Alex Papadovassilakis
InSight Crime
2023
59 PP.
Resumen ejecutivo:
En marzo de 2022, el gobierno de El Salvador lanzó una de las ofensivas de seguridad más implacables de su historia en su más reciente intento por debilitar a las tres principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R) y el Barrio Sureños (18S). Las campañas de represión anteriores, que abarcaron varias décadas, no consiguieron acabar con las pandillas, que llevaban mucho tiempo aterrorizando a comunidades dentro y fuera del país. Esta, sin embargo, las ha debilitado considerablemente.
El presidente Nayib Bukele, que asumió el cargo en 2019, es el artífice de este esfuerzo. Tras un repentino aumento de la violencia de las pandillas en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición de Bukele, declaró un régimen de excepción de un mes, suspendiendo los derechos constitucionales y flexibilizando las normas para realizar arrestos. Desde entonces, en el marco de una despiadada campaña antipandillas, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 77.000 personas, más del 1% de los 6,3 millones de habitantes del país.
El régimen de excepción se ha prolongado durante 20 meses consecutivos, a pesar de denuncias generalizadas realizadas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sobre detenciones arbitrarias, basadas en escasas o nulas pruebas de delito, así como falta de garantías procesales, entre las que se incluyen la imposibilidad de acceder a asistencia letrada. También hay informes de tortura, así como de fosas comunes que incluyen a las más de 150 personas que han muerto en el sistema penitenciario desde que comenzó el estado de excepción.
