Por Óscar Useche Aldana
Resumen:
La democracia social moderna reposa sobre el pacto social que define los proyectos ético-políticos que garanticen los derechos civiles, políticos y sociales. El Estado queda obligado a cumplir ese pacto por medio de sus políticas públicas, sobre todo en lo que respecta no solo a los derechos civiles y políticos sino también a los Desc (Derechos Económicos, Sociales Y Culturales), como expresión de una mejor calidad de vida, algo que es acuciante para la sociedad colombiana. Para esta, es indispensable construir rápido una verdadera ciudadanía social, según mandato de la Carta de 1991 y del Bloque de Constitucionalidad, que ha creado escenarios de justiciabilidad internacional de los Desc con el fin de procurar un desarrollo humano con equidad y de manera práctica no solo de parte del Estado sino igualmente de la sociedad civil, en clave de co-responsabilidad y de justicia distributiva.
El Estado y la sociedad civil deben afirmar cada vez más los derechos sociales como derechos de igualdad y derechos de bienestar, sin negar los derechos a la diferencia. Esto implica incorporarse a las lógicas del desarrollo que prediquen la redistribución, la democratización y la ciudadanía múltiple como base de su consenso de dignificación de la nación que convierta al súbdito en ciudadano, que universalice la ciudadanía de derechos. La problemática de los derechos humanos se refiere principalmente a la igualación ciudadana por la vía de los derechos universales, con respeto a las diferencias, ataque frontal a la no-ciudadanía y a la pobreza como inequidad máxima por falta de garantías para el ejercicio de los derechos sociales de los ciudadanos o “bienes de mérito”. Todo esto exige una política social que lleve a un desarrollo integral de los ciudadanos.
