Por Luisa Leal Suárez y Adela García Pirela
Resumen:
En el presente artículo se analizan someramente las condiciones que exige el Estado de Derecho Democrático consagradas en la Constitución venezolana para sostener legítimamente el monopolio de la violencia y se plantea la relación que existe entre Democracia y Derecho Penal, en tanto dicho monopolio constituye uno de los fines del Estado como garante de la convivencia pacífica. En este sentido destacamos como el garantismo penal nos presenta una construcción teórica sobre los principios que limitan el poder punitivo en torno al régimen de libertades establecido por el pacto constitucional.
