Por Carolina Sánchez-Páramo y Silvia Malgioglio.
Extraído de: Banco Mundial.

Estamos viendo los primeros signos de recuperación mundial en la producción económica, la movilidad global y el comercio internacional. Pero en la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales (GEP) se presenta un panorama preocupante: el empeoramiento de la desigualdad que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado, y que probablemente sea difícil de solucionar a corto y mediano plazo.

Tanto el informe GEP, publicado a principios de este mes, como las encuestas telefónicas de alta frecuencia del Banco Mundial incluidas en el Panel de Seguimiento de Hogares relativo a la COVID-19 (i) muestran los efectos de la pandemia casi dos años después de su inicio, arrojando luz sobre la trayectoria de la pobreza y la desigualdad.

En el análisis del informe GEP se describen tres tendencias amplias y preocupantes: la desigualdad de ingresos entre países (internacional) y dentro de los países (nacional), y la desigualdad de oportunidades (interpersonal).

La recuperación es muy desigual entre los países. Hay algunas tendencias claras que muestran una marcada diferencia en cómo está avanzando la recuperación, y que los niveles de desigualdad mundial ahora se acercan más a los de hace 10 años. 

Durante la pandemia, la disminución de los ingresos, la pérdida de empleos y la paralización de los trabajos fueron particularmente perjudiciales en el mundo en desarrollo. En los países incluidos en las encuestas, más del 60 % de los participantes informaron haber perdido sus ingresos (esta cifra fue del 70 % en los países de ingreso bajo). Alrededor de un tercio de los encuestados experimentaron pérdidas del empleo e interrupción del trabajo en todas las regiones, y este número fue más cercano al 50 % en América Latina y el Caribe.

Las respuestas de políticas a estas perturbaciones son un factor clave de la recuperación. Estas se han manifestado principalmente en forma de medidas de asistencia social (como alivio financiero para necesidades básicas), medidas de seguridad social (como apoyo a la pérdida de empleo y a la salud) y políticas del mercado de trabajo (como cambios en las reglas e incentivos laborales). Si bien las medidas de asistencia social se implementaron en más del 80 % de los países analizados, los resultados de los sondeos indicaron que solo un promedio del 22 % de los encuestados recibió algún tipo de ayuda gubernamental, una cifra que es aún menor en el caso de los países de ingreso bajo. 

En un estudio de Oxfam se concluyó que el 87 % de los economistas encuestados (especialistas en el tema de la desigualdad) estuvieron de acuerdo en que la desigualdad dentro de los países va en aumento. En las últimas dos décadas, el índice de Gini, utilizado para expresar la desigualdad de ingresos en un país en una escala de 1 a 100, ha disminuido en 2 puntos en promedio en los países en desarrollo. Estos avances han sufrido un retroceso y se estima que el índice ha aumentado en un promedio de 0,3 puntos en 34 países de todo el mundo en desarrollo como resultado de la pandemia.

Los cambios en la desigualdad a nivel nacional se deben más a problemas estructurales que a factores externos como la pandemia, por lo que solo observamos un aumento modesto arraigado en los patrones de desigualdad existentes. Estas desigualdades internas son causadas particularmente por el mayor impacto de la COVID-19 en las personas de las categorías más vulnerables de la población, como los trabajadores de bajos salarios y del sector informal, y las mujeres. Por el contrario, los empleos en que se podrían adoptar fácilmente las adaptaciones digitales (y en los que se tiende a requerir niveles más altos de educación formal) ofrecieron una estabilidad financiera consolidada a sus trabajadores.

La pandemia fue especialmente dura para los hogares de zonas urbanas que se ubican en el 40 % inferior de la distribución de ingresos, que sufrieron mayores pérdidas que los segmentos más pobres de las zonas rurales , ya que la agricultura no se vio tan afectada como otros sectores.

Probablemente el efecto más duradero y preocupante es la desigualdad de oportunidades. Esta refleja las posibilidades desiguales de algunos grupos para alcanzar su pleno potencial académico, profesional y humano, independientemente de su propio esfuerzo y debido a circunstancias fuera de su control, como la situación socioeconómica de sus padres. Lo anterior representa un potencial desperdiciado no solo para las personas y sus comunidades, sino también para las sociedades en que viven. Si bien se había avanzado en materia de movilidad social en las últimas décadas, gran parte de esos avances se revirtieron a medida que la pandemia consolidó las barreras existentes para los niños y jóvenes más pobres, tanto por el debilitamiento de su posición como por el hecho de que sus padres se encuentran en situaciones financieras más precarias que les impiden realizar inversiones en activos de capital humano a largo plazo como la educación.

Los resultados de la encuesta muestran que, en los países de ingreso bajo, solo el 39 % de los niños que asistían a la escuela antes de la pandemia participaron en algunas actividades de aprendizaje o educativas desde el cierre de las escuelas.

En cuanto a la atención médica, las vacunas contra la COVID-19 han estado disponibles durante más de un año, pero su distribución sigue siendo desigual (i) haciendo que la recuperación sea un espejismo para algunos, mientras que da una visión más optimista a otros.

¿Qué significa esto para el futuro?

También se espera que los desequilibrios macroeconómicos derivados de la pandemia generen una alta inflación, lo que exacerbará la desigualdad de ingresos internas en los países en desarrollo. El efecto de la inflación se puede mitigar a través de políticas públicas redistributivas que ayuden a igualar las condiciones en términos del acceso a servicios como la educación y la atención médica de alta calidad, y al aliviar el estrés financiero en los hogares mediante programas de asistencia social. Sin embargo, es poco probable que los mayores niveles de deuda pública a los que se enfrentan los países en desarrollo fomenten una gran cantidad de tales medidas.

Los últimos dos años de la pandemia han tenido efectos duraderos en la movilidad intergeneracional: los niños que carecen de igualdad de oportunidades en la educación se encuentran en una grave desventaja  para alcanzar todo su potencial en el plano académico, lo que se traduce en una menor productividad profesional al llegar a la edad adulta. Eso significa ingresos más bajos, y también mayores niveles de precariedad y menor estabilidad financiera, así como de acceso al financiamiento y a oportunidades de inversión tanto en iniciativas empresariales como de superación personal.

Una mayor dependencia de la tecnología digital en el sector privado, los servicios públicos y la educación ofrece muchas oportunidades. Pero un riesgo importante de depender excesivamente de los servicios digitalizados es perder de vista a la población más vulnerable, que podría quedarse rezagada en esta transición.

Para lograr un camino inclusivo que pueda revertir la trayectoria de desigualdad tras la pandemia, los países en desarrollo deben incorporar los objetivos enumerados anteriormente en sus políticas nacionales de recuperación, y deberán contar con el apoyo de la comunidad internacional de desarrollo.

Las acciones más inmediatas para mitigar la desigualdad entre los países son un proceso de vacunación más rápido en el mundo, el levantamiento de las restricciones de viaje y la implementación de esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda.

El apoyo a la mejora de la capacidad de recaudación de ingresos públicos puede aliviar la carga fiscal sobre los grupos vulnerables. Eso también ampliaría el financiamiento para políticas públicas más redistributivas centradas en la asistencia social y la inversión para hacer crecer el capital humano mediante el desarrollo de la primera infancia, el acceso universal a la educación y la atención médica de calidad, así como transferencias sociales específicas, políticas laborales eficaces e inversiones en infraestructura rural que mejoren la conectividad a los servicios y los mercados y proporcionen oportunidades para las poblaciones aisladas.

Los efectos y las amenazas futuras derivados del cambio climático representan un desafío adicional en la adaptación, las medidas correctivas y el alivio en caso de desastres que los países en desarrollo están especialmente mal equipados para financiar. Respaldar a las naciones en desarrollo en este proceso es una vía clara para que las instituciones financieras internacionales añadan valor y tengan un impacto directo en las poblaciones vulnerables que se ven afectadas de manera desproporcionada y reviertan la trampa de la desigualdad que afectará a las generaciones venideras.